La iniciativa del diputado Rafael López, de la alianza Libre, plantea un cronograma de 35 días para seleccionar a la máxima autoridad del Ministerio Público. El proyecto fue remitido a la Comisión de Justicia Plural de Diputados y todavía debe avanzar en el trámite legislativo.
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Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone elegir al Fiscal General del Estado en un máximo de 35 días, mediante un procedimiento con plazos definidos para la convocatoria, evaluación de méritos y selección de los candidatos.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Rafael López, de la alianza Libre, con el objetivo de evitar que el interinato al frente del Ministerio Público se prolongue sin que exista una autoridad titular elegida conforme al procedimiento correspondiente.
Al 21 de octubre de 2026, el proyecto había sido remitido a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados para su análisis. Por tanto, los 35 días constituyen un plazo propuesto y no una obligación legal vigente.
La propuesta busca acelerar el proceso de selección sin eliminar las etapas de revisión de requisitos, evaluación de antecedentes e impugnaciones. También establece criterios de puntuación para calificar a los aspirantes y plantea que una comisión mixta remita a la Asamblea Legislativa una lista de los candidatos mejor evaluados.
Diez días para presentar postulaciones
Uno de los plazos centrales del proyecto establece diez días para que los aspirantes presenten sus postulaciones, una vez publicada la convocatoria.
Después de esa etapa, el procedimiento contempla la verificación de requisitos y la publicación de la lista de postulantes habilitados. También prevé la presentación y resolución de impugnaciones, con el propósito de que las observaciones sobre las candidaturas sean atendidas antes de continuar con la evaluación.
La iniciativa busca concentrar las distintas fases en un cronograma definido para evitar demoras en la designación de la máxima autoridad del Ministerio Público.
El cumplimiento de ese calendario dependerá, si la propuesta avanza, de la organización del proceso, la capacidad de las instancias responsables y la resolución oportuna de las observaciones presentadas por los participantes.
Evaluación de 200 puntos y un mínimo de 130
El proyecto plantea un sistema de calificación sobre 200 puntos para evaluar a los candidatos al cargo de Fiscal General.
La puntuación se distribuiría de la siguiente manera:
- 120 puntos por méritos profesionales: destinados a evaluar los antecedentes y la trayectoria de los postulantes.
- 80 puntos por evaluación oral y plan de trabajo: correspondientes a la exposición y valoración de las propuestas de los aspirantes.
Según la descripción difundida de la iniciativa, los candidatos deberán alcanzar al menos 130 puntos para superar la evaluación prevista.
Este mecanismo busca establecer parámetros de calificación para comparar los perfiles y determinar quiénes cumplen las condiciones para avanzar hacia la selección final.
Sin embargo, la aplicación de un sistema de puntajes también plantea interrogantes sobre la transparencia de la evaluación, la definición de los criterios técnicos y la forma en que se resolverán eventuales reclamos.
La claridad de las reglas y la posibilidad de verificar las calificaciones serán factores importantes para la credibilidad del proceso.
Una lista de entre 10 y 15 candidatos
La propuesta contempla que la comisión mixta de Justicia presente ante la Asamblea Legislativa una lista de entre 10 y 15 postulantes con las mejores calificaciones.
Para llegar a esa fase, el procedimiento incluiría la revisión de méritos, la resolución de recursos y observaciones, las evaluaciones orales y la exposición de los planes de trabajo.
Una vez concluida la selección, la comisión elaboraría un informe final y lo remitiría a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El proyecto establece que el órgano legislativo sea convocado a sesión en un plazo de tres días desde la recepción de ese informe para proceder con la elección.
La designación deberá respetar las reglas constitucionales aplicables, incluida la exigencia de dos tercios de los asambleístas presentes, conforme al marco previsto para la elección.
Este requisito introduce un componente político en la etapa final: además de superar la evaluación, el candidato elegido deberá reunir el respaldo legislativo necesario.
El interinato de la Fiscalía impulsa el debate
La iniciativa surge en el contexto del interinato de José Armando Urioste, establecido por un periodo de 90 días tras la salida de Róger Mariaca.
Rafael López sostiene que es necesario acelerar la convocatoria para que el Ministerio Público cuente con una autoridad titular antes de que concluya ese plazo.
El proyecto busca evitar que la falta de una designación definitiva se prolongue y plantea un calendario que permita completar las distintas etapas dentro de un periodo más corto.
No obstante, la propuesta todavía debe ser analizada en la Comisión de Justicia Plural y avanzar por las instancias legislativas correspondientes. Su presentación no significa que el procedimiento de 35 días haya entrado en vigor ni que la elección tenga una fecha definitiva.
¿Qué falta para que el proyecto se convierta en ley?
El primer paso pendiente es el análisis de la iniciativa en la comisión legislativa a la que fue remitida. A partir de ahí, deberá continuar el trámite que corresponda para su consideración y eventual aprobación.
Durante ese proceso será importante establecer cómo se aplicarán los plazos, qué mecanismos garantizarán la evaluación objetiva de los aspirantes y cómo se resolverán las impugnaciones sin comprometer el calendario.
También queda planteado qué ocurriría si la Asamblea Legislativa no logra reunir los dos tercios necesarios para elegir al nuevo Fiscal General dentro del periodo propuesto.
La viabilidad del cronograma dependerá de que las distintas etapas puedan desarrollarse de manera coordinada y de que las decisiones legislativas se adopten oportunamente.
El desafío consiste en reducir los tiempos de selección sin debilitar la transparencia, la evaluación de méritos ni las garantías para los postulantes.
Por ahora, el proyecto de Rafael López abre el debate sobre cómo acelerar la designación del Fiscal General en Bolivia. La propuesta busca fijar un límite de 35 días, pero su alcance definitivo dependerá del tratamiento legislativo y de las condiciones que se establezcan para su aplicación.
