El ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, presentó este martes 10 de noviembre el balance del primer año de gestión del Gobierno de Rodrigo Paz y destacó un incremento significativo en la recaudación de regalías mineras, además de acciones de control contra la actividad ilegal y la revisión de procesos de contratación.
Table Of Content
- Regalías mineras alcanzan Bs 2.905 millones hasta septiembre
- Más de 50 operativos contra la minería ilegal
- Revisan 4.907 procesos de contratación desde 2009
- Colquiri reporta utilidades de US$ 32,83 millones
- Nuevo Código Minero busca modernizar el sector
- Litio, coltán, cesio y tantalio en Santa Cruz
- Las preguntas que quedan pendientes tras el informe
El principal resultado económico informado por la autoridad es que las regalías mineras alcanzaron los Bs 2.905 millones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento del 103% respecto al mismo periodo de 2025. Esto representa Bs 1.475 millones adicionales en comparación con la gestión anterior.
Durante la presentación, el ministro también anunció avances en la elaboración de un nuevo Código Minero, una propuesta que busca modernizar la normativa del sector, facilitar inversiones y fortalecer los controles. Sin embargo, el proyecto enfrenta el rechazo de organizaciones cooperativistas que exigen suspender su socialización y participar en la discusión.
El informe se presentó en el segundo día de exposición de resultados ministeriales del primer año de administración de Rodrigo Paz.
Regalías mineras alcanzan Bs 2.905 millones hasta septiembre
El dato central del informe es el incremento de los ingresos por regalías. Según las cifras presentadas por el Ministerio de Minería, la recaudación llegó a Bs 2.905 millones hasta septiembre de 2026, frente a un monto aproximado de Bs 1.430 millones en el mismo periodo de 2025.
La diferencia equivale a Bs 1.475 millones adicionales y representa un crecimiento interanual del 103%.
Las regalías mineras son recursos que reciben los departamentos y municipios productores por la explotación de minerales. De acuerdo con la distribución establecida en la Ley 535, el 85% corresponde al Gobierno Autónomo Departamental productor y el 15% al Gobierno Autónomo Municipal productor.
Por esa razón, el aumento de la recaudación puede traducirse en mayores ingresos para las regiones donde se desarrolla la actividad minera.
Sin embargo, el informe deja pendientes algunas explicaciones sobre los factores que impulsaron el crecimiento. Entre las preguntas que requieren respuesta están qué minerales generaron mayores ingresos, cuánto influyeron los precios internacionales y qué proporción corresponde a un incremento de la producción.
También será importante conocer qué departamentos y municipios concentraron la mayor parte de la recaudación.
Más de 50 operativos contra la minería ilegal
Otro de los resultados destacados por Calderón de la Barca fue la ejecución de más de 50 operativos contra la minería ilegal en los nueve departamentos del país.
Las acciones fueron realizadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), como parte de las tareas de control sobre las actividades de explotación de minerales.
El objetivo de estos procedimientos es identificar y combatir operaciones que funcionan al margen de las autorizaciones y disposiciones legales.
No obstante, el balance presentado todavía deja abierta la necesidad de conocer los resultados concretos de esos operativos: cuántas actividades fueron intervenidas, qué cantidad de maquinaria o minerales se decomisó y cuántos procesos administrativos o penales se iniciaron.
La información detallada permitirá establecer el alcance de los controles y evaluar su impacto en la reducción de la actividad minera ilegal.
Revisan 4.907 procesos de contratación desde 2009
El ministro también informó sobre la revisión de 4.907 procesos de contratación correspondientes al periodo comprendido entre 2009 y 2026.
La revisión busca identificar posibles irregularidades en procedimientos de contratación directa y otros mecanismos utilizados durante ese periodo.
Este componente del informe introduce una dimensión institucional al balance del Ministerio de Minería, porque apunta a examinar la administración de recursos y los procedimientos de adquisición dentro de las entidades del sector.
Sin embargo, todavía falta conocer cuántos de los 4.907 procesos revisados presentan observaciones, si existen indicios de daño económico y si se iniciaron investigaciones o procesos administrativos.
La cantidad de contratos sometidos a revisión no equivale, por sí sola, al número de irregularidades comprobadas.
Colquiri reporta utilidades de US$ 32,83 millones
En el ámbito de las empresas estatales, el ministro destacó los resultados de la Empresa Minera Colquiri, que registró una utilidad neta de US$ 32,83 millones durante el primer semestre de 2026, según el informe presentado.
También informó que concluyeron las pruebas de una nueva planta concentradora con capacidad para procesar 2.000 toneladas de mineral por día.
La instalación forma parte de los proyectos orientados a fortalecer la capacidad de procesamiento de la empresa estatal y mejorar el aprovechamiento de los recursos minerales.
El resultado económico y la puesta en marcha de nueva infraestructura forman parte de los indicadores que el Ministerio destacó durante su balance anual.
Nuevo Código Minero busca modernizar el sector
Uno de los anuncios centrales del informe fue la continuidad del proyecto de un nuevo Código Minero. El Gobierno sostiene que la normativa vigente necesita actualizarse para responder a las condiciones actuales de la actividad y generar mayor seguridad jurídica para los operadores.
Entre las medidas previstas se encuentran la creación de un sistema de trazabilidad digital del oro, la implementación de un catastro minero en tiempo real y la simplificación de trámites administrativos.
El proyecto también contempla contratos diferenciados, fortalecimiento de los controles ambientales, una nueva estructura institucional y la reactivación de plantas metalúrgicas estatales.
La propuesta pretende modernizar los procedimientos, mejorar la supervisión de las operaciones y generar condiciones para atraer inversiones.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta un conflicto con las cooperativas mineras. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomín) se declararon en estado de emergencia y exigieron suspender la socialización del anteproyecto.
Sus dirigentes cuestionan que el documento haya sido elaborado sin una participación suficiente de los sectores involucrados. También pidieron convocar a cooperativistas, mineros asalariados y empresas privadas para discutir el contenido de la futura normativa.
El dirigente de Fedecomín Potosí, Óscar Chavarría, expresó preocupación por disposiciones que, según su interpretación, podrían afectar la continuidad de las cooperativas. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado públicamente el artículo específico que produciría ese efecto.
Los cooperativistas también solicitaron la destitución del ministro Calderón de la Barca.
De esta manera, el desafío del Gobierno no está solamente en redactar una nueva normativa, sino también en lograr acuerdos sobre su contenido y garantizar la participación de los actores que desarrollan la actividad minera.
Litio, coltán, cesio y tantalio en Santa Cruz
El informe ministerial también incluyó referencias a la identificación de minerales estratégicos en Santa Cruz.
Según los datos presentados, se detectó presencia de litio en pegmatitas tipo LCT en la localidad de El Porvenir. Además, se reportaron ocurrencias de coltán, cesio y tantalio.
Estos minerales tienen aplicaciones en distintas tecnologías y procesos vinculados con la transición energética. Su identificación representa un antecedente geológico que podría abrir nuevas líneas de investigación y exploración.
Sin embargo, es necesario distinguir entre la identificación de ocurrencias minerales y la existencia de reservas comercialmente explotables.
Para determinar el potencial económico de esos recursos se requieren estudios de cuantificación, análisis de calidad, evaluación de costos y pruebas de viabilidad técnica y comercial.
El anuncio, por tanto, constituye un dato de interés para el desarrollo minero de Santa Cruz, pero todavía no permite afirmar que existan reservas listas para su explotación industrial.
Las preguntas que quedan pendientes tras el informe
El balance del Ministerio de Minería presenta cifras importantes sobre recaudación, operativos, contratación pública y proyectos de modernización. Sin embargo, también deja temas que requieren información complementaria.
Entre ellos están los factores que explican el crecimiento del 103% de las regalías, la distribución de esos recursos entre departamentos y municipios y los resultados específicos de los más de 50 operativos contra la minería ilegal.
También será necesario conocer cuántos de los 4.907 procesos de contratación revisados presentan indicios de irregularidades y qué medidas se adoptarán si se identifican responsabilidades.
En cuanto al nuevo Código Minero, el Gobierno deberá explicar cuándo estará listo el anteproyecto, qué artículos están sujetos a modificación y cómo incorporará las observaciones de Fencomin y otros sectores.
Finalmente, los hallazgos de litio, coltán, cesio y tantalio en Santa Cruz requieren estudios que permitan establecer su magnitud y potencial económico.
El informe de Calderón de la Barca coloca el incremento de las regalías como uno de los principales resultados del primer año de gestión. Al mismo tiempo, la discusión del nuevo Código Minero anticipa un debate con los cooperativistas sobre el futuro de las reglas que regularán la actividad en Bolivia.
