El incremento del precio del diésel y de los materiales de construcción abrió un nuevo frente de presión sobre el Gobierno. Las empresas constructoras y los gobiernos municipales exigen actualizar los precios de los contratos públicos para evitar que más obras queden paralizadas, se rescindan acuerdos o se profundice el deterioro financiero de las empresas del sector.
Table Of Content
- Constructores rompen el diálogo y piden intervención de Rodrigo Paz
- Seis demandas para evitar más obras paralizadas
- Alcaldes dan plazo hasta el 13 de noviembre
- Coparticipación, IDH y alivio financiero
- El Gobierno defiende los mecanismos del Decreto 5597
- El 13 de noviembre, una fecha clave para las obras públicas
El conflicto tiene dos actores principales. Por un lado, el Bloque de la Construcción reclama mecanismos efectivos para restablecer el equilibrio económico de los contratos y el pago de las deudas pendientes. Por otro, los alcaldes de las nueve capitales departamentales y El Alto demandan una norma que permita ajustar los presupuestos de las obras municipales frente al aumento de los costos.
Ambos sectores advierten que los precios establecidos cuando se adjudicaron los proyectos ya no reflejan las condiciones actuales del mercado. El encarecimiento del combustible, los insumos, la maquinaria y los componentes importados dificulta cumplir los compromisos asumidos con los presupuestos originales.
Constructores rompen el diálogo y piden intervención de Rodrigo Paz
El Bloque de la Construcción, integrado por la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el Colegio de Arquitectos de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción, declaró el 9 de noviembre que las mesas técnicas con el Gobierno no dieron resultados efectivos.
El sector pidió la intervención directa del presidente Rodrigo Paz y cuestionó la aplicación del Decreto Supremo 5597, al considerar que los mecanismos previstos no están resolviendo los desequilibrios económicos que enfrentan las empresas.
Los constructores sostienen que existen proyectos que se ejecutan con presupuestos desactualizados, mientras las compañías deben asumir mayores costos operativos. También advierten que la falta de combustible, las dificultades para acceder a insumos y las variaciones cambiarias agravan la situación financiera.
La posición del bloque es que el diálogo debe traducirse en decisiones concretas y garantías de cumplimiento. Sin respuestas efectivas, las empresas consideran que continuar con los contratos bajo las condiciones actuales puede profundizar sus pérdidas.
Seis demandas para evitar más obras paralizadas
El pliego de los constructores contempla seis medidas para recuperar la viabilidad económica de los proyectos públicos.
La primera es establecer un reajuste permanente de precios mediante una fórmula polinómica que considere las variaciones de materiales, salarios, combustibles y equipos. Con este mecanismo, el sector busca que los contratos reflejen los costos reales durante la ejecución de las obras.
La segunda demanda es el pago de las deudas pendientes mediante un cronograma vinculante para cancelar las planillas que las entidades públicas adeudan a las empresas.
También exigen garantizar el abastecimiento de diésel para los proyectos o reconocer el costo real del combustible importado. A esto se suma la ampliación de plazos de ejecución cuando los retrasos respondan a la escasez de carburantes o insumos, para evitar la aplicación de multas a las empresas por causas que no controlan.
Las otras dos solicitudes apuntan al reconocimiento del encarecimiento de los componentes importados por las variaciones del dólar y a la actualización de los presupuestos de los proyectos nuevos y en ejecución con precios vigentes del mercado.
CABOCO considera que estas medidas son necesarias para evitar el deterioro financiero de las empresas y reducir el riesgo de que los contratos públicos queden inconclusos.
Alcaldes dan plazo hasta el 13 de noviembre
Los gobiernos municipales también elevaron la presión. La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) informó que los alcaldes de las nueve capitales departamentales y El Alto dieron plazo al Ejecutivo hasta este viernes 13 de noviembre para emitir un decreto que permita actualizar los precios de las obras públicas.
El director ejecutivo de la AMB, André Humérez, explicó que los municipios enfrentan dificultades para sostener proyectos cuyos presupuestos fueron calculados con costos anteriores al incremento de los combustibles y otros materiales.
Entre los problemas identificados figuran solicitudes de rescisión de contratos, empresas que se niegan a firmar nuevos proyectos porque consideran que trabajarían a pérdida y obras municipales que corren el riesgo de paralizarse.
La alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, también advirtió que el aumento de los costos afecta la continuidad de proyectos como puentes, caminos, asfaltados y unidades educativas.
La preocupación municipal no se limita a la infraestructura. Los alcaldes también mencionan el incremento de los costos de servicios, incluido el aseo urbano, y las dificultades para cubrir los gastos operativos de sus administraciones.
Coparticipación, IDH y alivio financiero
La agenda de los municipios incluye otras demandas económicas que van más allá de la actualización de precios de los contratos.
Entre ellas están la revisión de la distribución de la coparticipación tributaria, la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la implementación de un Programa de Readecuación Financiera que facilite el manejo de las obligaciones municipales.
Los alcaldes también plantean revisar la distribución de competencias entre los distintos niveles del Estado y modificar el límite del 10% para los contratos modificatorios de obras y servicios establecido en la normativa de contrataciones públicas.
Estas solicitudes reflejan la presión financiera que enfrentan los gobiernos locales para mantener sus proyectos y servicios en un escenario de mayores costos.
El Gobierno defiende los mecanismos del Decreto 5597
El Ejecutivo sostiene que ya existen instrumentos para atender los incrementos de costos. El principal es el Decreto Supremo 5597, aprobado el 30 de marzo de 2026, que contempla mecanismos excepcionales para restablecer el equilibrio económico-financiero de los contratos de obras públicas.
Sin embargo, los constructores consideran que su aplicación todavía es insuficiente y reclaman que las disposiciones se traduzcan en contratos modificatorios y pagos efectivos.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó el 14 de octubre que mantenía reuniones con CABOCO, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (CADECRUZ), la Sociedad de Ingenieros y la CAF para definir fórmulas de reajuste de precios.
Pese a esos acercamientos, el sector constructor sostiene que todavía no existen respuestas que resuelvan los problemas que enfrentan las empresas en los proyectos en ejecución.
El 13 de noviembre, una fecha clave para las obras públicas
La jornada de este viernes 13 de noviembre se perfila como un momento decisivo para los municipios, que esperan una respuesta normativa del Gobierno sobre la actualización de precios.
En paralelo, los constructores mantienen su estado de emergencia y reclaman medidas que permitan recuperar la sostenibilidad de los contratos.
Si no se alcanza un acuerdo, los sectores advierten sobre el riesgo de nuevas paralizaciones, retrasos en infraestructura vial y educativa, rescisión de contratos, pérdida de empleos y acumulación de deudas públicas con las empresas contratistas.
La AMB anunció una nueva reunión con autoridades del Ejecutivo para el lunes 16 de noviembre. Ese encuentro podría abrir una nueva instancia de negociación, aunque las demandas de los alcaldes y de las empresas constructoras todavía requieren respuestas concretas.
El conflicto pone en evidencia el impacto del aumento de los costos de construcción sobre la inversión pública y la capacidad de los municipios para sostener sus proyectos. La discusión ya no se limita al precio del diésel: también alcanza la forma en que el Estado actualiza sus contratos, distribuye recursos y garantiza la continuidad de las obras.
