Comunicación del Gobierno, aplazada: tres periodistas advierten crisis de credibilidad

En una conversación con La Razón digital, el periodista Tuffí Aré calificó con 3,5 sobre 10 el manejo comunicacional del primer año de gestión; Maggy Talavera le puso 1 y María Silvia Trigo consideró que está reprobado. Los panelistas coincidieron en señalar improvisación, contradicciones entre voceros, falta de transparencia y un deterioro de la confianza ciudadana.
La comunicación del Gobierno de Rodrigo Paz terminó aplazada en la evaluación de su primer año de gestión. La falta de una estrategia institucional, los errores de los portavoces, las contradicciones públicas y el manejo de crisis como el caso Fernando Cerimedo fueron algunos de los principales cuestionamientos planteados por los periodistas María Silvia Trigo, Tuffí Aré y Maggy Talavera, en un espacio conducido por Diego Montaño.
Durante un programa especial de evaluación gubernamental, los participantes analizaron la relación del Ejecutivo con los medios de comunicación, la gestión de la información, el desempeño de los voceros y la capacidad del Gobierno para responder ante situaciones críticas.
Las calificaciones finales reflejaron una evaluación negativa: María Silvia Trigo consideró que la comunicación gubernamental está reprobada; Tuffí Aré le asignó 3,5 sobre 10, mientras que Maggy Talavera otorgó apenas 1 punto sobre 10.
Una crisis de confianza más allá de los problemas económicos
Tuffí Aré sostuvo que el Gobierno comenzó su gestión con un importante capital político y una elevada legitimidad, después de imponerse en la segunda vuelta electoral. Consideró que esa oportunidad debió aprovecharse para impulsar ajustes estructurales y construir una relación de mayor confianza con la ciudadanía.
Sin embargo, advirtió que, después de un año, el problema del Ejecutivo no se limita a la crisis económica heredada, sino que también enfrenta una grave crisis de confianza y credibilidad.
En su evaluación identificó distintas etapas en el manejo comunicacional del Gobierno: desde las habilidades iniciales del presidente como orador, pasando por la conformación de una oficina presidencial inspirada en el modelo comunicacional de Javier Milei, hasta el deterioro producido por las crisis de mayo y las revelaciones vinculadas al consultor Fernando Cerimedo.
Aré consideró que el Ejecutivo ha privilegiado una comunicación de coyuntura, caracterizada por anuncios sin resultados suficientemente visibles y descoordinación entre sus portavoces.
Su conclusión fue que el problema no se resuelve únicamente cambiando la estrategia comunicacional: requiere un golpe de timón y una reorganización de la gestión gubernamental y del gabinete.
Improvisación, contradicciones y falta de transparencia
María Silvia Trigo identificó dos dimensiones problemáticas. Por un lado, la comunicación institucional formal, que habría mostrado dificultades para facilitar el acceso a la información y las entrevistas periodísticas. Por otro, las intervenciones espontáneas y conferencias de prensa, en las que se hicieron evidentes contradicciones y errores de ministros y autoridades.
Mencionó como ejemplos el manejo de la información relacionada con YPFB y el accidente del avión Hércules que transportaba billetes.
A su juicio, la comunicación institucional llegó a parecer, en determinados momentos, una forma de anticomunicación, debido a las restricciones y dificultades para acceder a información oficial.
Trigo también advirtió que el desgaste político provocado por los escándalos de corrupción y los conflictos sociales no puede revertirse únicamente con cambios coyunturales. La recuperación de la legitimidad necesita transparencia y una gestión consistente.
Maggy Talavera: el Gobierno desperdició su luna de miel
La periodista Maggy Talavera realizó una de las evaluaciones más duras. Consideró que el Gobierno desaprovechó su etapa inicial de mayor respaldo ciudadano y no priorizó la construcción de acuerdos políticos.
Atribuyó parte de esa pérdida de oportunidad al cálculo político relacionado con las elecciones municipales y departamentales de marzo.
Talavera cuestionó que no haya existido una verdadera política comunicacional y sostuvo que, en distintos episodios, las autoridades ofrecieron versiones cambiantes y respuestas que contribuyeron a profundizar la desconfianza.
También criticó las actitudes irónicas y burlonas de integrantes del entorno presidencial frente a denuncias y cuestionamientos públicos, una conducta que, en su análisis, alimenta la sensación de abuso y resignación en la ciudadanía.
El caso Cerimedo y el daño a la credibilidad presidencial
Uno de los momentos centrales del debate estuvo dedicado al caso del consultor político Fernando Cerimedo y los audios filtrados que generaron cuestionamientos sobre el funcionamiento del poder y las relaciones dentro del Ejecutivo.
Los panelistas analizaron el impacto de esas revelaciones en la credibilidad del presidente y cuestionaron la falta de una respuesta frontal y transparente del Gobierno.
También expresaron preocupación por las señales relacionadas con el tratamiento judicial del caso y la posibilidad de que no se llegue a una investigación exhaustiva.
El episodio fue considerado uno de los factores que más contribuyeron al desgaste de la imagen gubernamental.
La pauta publicitaria y el papel de los medios
El debate también abordó la relación del Gobierno con los medios de comunicación y el uso de la publicidad estatal.
María Silvia Trigo planteó la necesidad de institucionalizar la distribución de la pauta publicitaria mediante una ley que establezca criterios transparentes y contribuya a garantizar la independencia de los medios.
Tuffí Aré, por su parte, sostuvo que el periodismo debe preservar su independencia y evitar asumir funciones que corresponden a otras instituciones. Señaló que los medios no deben sustituir a la justicia ni convertirse en cajas de resonancia de relatos partidarios o actores políticos.
Maggy Talavera agregó que la crisis financiera de los medios y el peso creciente de las redes sociales dificultan el desarrollo de un periodismo de investigación de calidad. También cuestionó que las autoridades privilegien la comunicación directa mediante plataformas digitales, evitando espacios de preguntas y rendición de cuentas ante los periodistas.
Más allá de las diferencias en las calificaciones, el diagnóstico compartido apunta a un problema que trasciende la comunicación: la pérdida de confianza, la falta de transparencia y la ausencia de una estrategia institucional coherente.
La evaluación deja planteado un desafío para el segundo año de gestión: el Gobierno necesita pasar de los anuncios y las respuestas coyunturales a una política de información pública que garantice transparencia, coordinación y rendición de cuentas.
La comunicación no puede sustituir a la gestión. Pero una gestión sin transparencia, sin información confiable y sin capacidad de rendir cuentas difícilmente podrá recuperar la confianza ciudadana.