El Gobierno boliviano busca habilitar legalmente la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la lucha contra el crimen organizado transnacional y las amenazas narcoterroristas. El anuncio fue realizado este jueves 12 de noviembre por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, durante la presentación de su informe de gestión.
Table Of Content
- Participación militar sería excepcional y bajo autoridad civil
- Los bloqueos de 2026, entre los antecedentes del informe
- Vigilancia aérea, fronteras e inteligencia
- Cuatro propuestas normativas del Consejo Supremo de Defensa
- Defensa reporta presuntas irregularidades en el sistema de radares SIDACTA
- Cooperación internacional y modernización militar
La iniciativa forma parte de las prioridades del segundo año de Gobierno y apunta a ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente a organizaciones criminales que, según la autoridad, cuentan con armamento, financiamiento, tecnología y redes internacionales.
Sin embargo, la participación militar todavía no tiene una autorización general para este tipo de operaciones. Defensa impulsa un proyecto normativo que debe cumplir las revisiones técnicas y los procedimientos correspondientes antes de entrar en vigencia.
Participación militar sería excepcional y bajo autoridad civil
Justiniano explicó que el objetivo es preparar a las Fuerzas Armadas para intervenir cuando las amenazas del crimen organizado superen las capacidades convencionales de respuesta.
La propuesta contempla cinco condiciones para esa participación: carácter excepcional y no permanente, intervención temporal y complementaria, coordinación con la Policía Boliviana, actuación bajo autoridad civil y respeto a la Constitución, los derechos humanos y los mecanismos de control.
El ministro remarcó que los militares no deben sustituir a la Policía ni intervenir contra protestas legítimas.
El planteamiento busca establecer un marco legal que delimite las circunstancias y los alcances de una eventual intervención militar. Por ahora, se trata de una propuesta que todavía debe completar su tramitación.
Los bloqueos de 2026, entre los antecedentes del informe
Durante su balance, Justiniano vinculó la necesidad de fortalecer las capacidades de seguridad del Estado con los 53 días de bloqueos y conflictos registrados en Bolivia durante 2026.
Según los datos presentados por el Ministerio de Defensa, durante ese periodo fueron movilizados 26.917 efectivos militares y se realizaron 151 acciones de desbloqueo.
El ministro recordó que el 20 de junio se declaró el estado de excepción mediante el Decreto Supremo 5636. En ese contexto, las Fuerzas Armadas participaron en operaciones de apoyo a la Policía, protección de infraestructura y restablecimiento de la circulación.
Justiniano sostuvo que los bloqueos perjudicaron el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno, además de afectar el traslado de pacientes.
El Gobierno vinculó parte de esos acontecimientos con presuntas estructuras narcoterroristas. No obstante, esa es una calificación sostenida por las autoridades y no significa que todas las personas que participaron en las protestas formaran parte de organizaciones criminales.
Vigilancia aérea, fronteras e inteligencia
La estrategia anunciada por Defensa también contempla fortalecer las capacidades de vigilancia y coordinación frente a las redes del crimen organizado.
Entre las áreas identificadas por el ministro están el control aéreo y fronterizo, la vigilancia de rutas fluviales, el intercambio de información de inteligencia, la protección de infraestructura estratégica y la cooperación con países vecinos.
Justiniano describió el narcoterrorismo como una actividad de organizaciones relacionadas con el narcotráfico que recurren a la violencia organizada, la intimidación o mecanismos de coerción para controlar territorios y desafiar al Estado.
La aplicación de esa categoría, sin embargo, requiere elementos verificables. La existencia de actividades ilícitas o de protestas sociales no permite, por sí sola, atribuir a un grupo la condición de organización narcoterrorista.
Cuatro propuestas normativas del Consejo Supremo de Defensa
El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP) aprobó en octubre cuatro propuestas normativas que forman parte de la agenda de seguridad del Gobierno.
Los proyectos mencionados son:
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Ley de Seguridad y Defensa: busca actualizar el marco normativo de la seguridad nacional.
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Normativa del COSDEP: plantea regular la organización y el funcionamiento del Consejo.
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Sistema de inteligencia: apunta a fortalecer la coordinación y el análisis de amenazas.
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Participación excepcional de las FFAA: propone habilitar el apoyo militar frente al crimen organizado y el narcoterrorismo.
Las iniciativas deben pasar por revisiones técnicas y los procedimientos legislativos correspondientes. Por tanto, su aprobación y aplicación todavía están pendientes.
Defensa reporta presuntas irregularidades en el sistema de radares SIDACTA
Durante el informe, Justiniano también se refirió al sistema de radares SIDACTA, cuya contratación está bajo investigación.
El Ministerio de Defensa señaló un presunto daño económico de Bs 1.478 millones y presentó una denuncia penal por las irregularidades identificadas en el proyecto.
La cartera considera necesario recuperar la capacidad de vigilancia aérea del país, una herramienta que también resulta relevante para detectar vuelos ilícitos y fortalecer el control del espacio aéreo.
Los datos expuestos por el ministro corresponden a la evaluación institucional presentada el 12 de noviembre. La investigación deberá establecer las responsabilidades que correspondan y determinar el alcance de las presuntas irregularidades.
Cooperación internacional y modernización militar
La agenda del segundo año de gestión también contempla ampliar la cooperación con Brasil, Chile, Perú y Estados Unidos, especialmente en materia de control fronterizo, tecnología y capacitación.
Justiniano informó además sobre contactos internacionales vinculados con iniciativas regionales de seguridad, entre ellas la Coalición de las Américas contra Cárteles.
En paralelo, el Ministerio de Defensa prevé trabajar en la modernización de las Fuerzas Armadas mediante mejoras en comunicaciones, movilidad, entrenamiento, mantenimiento de equipos y profesionalización de la carrera militar.
El anuncio de una eventual participación de las FFAA contra el narcoterrorismo se inscribe en ese conjunto de reformas. Su aplicación dependerá de que el Gobierno concrete el marco normativo, establezca los controles correspondientes y complete los procedimientos necesarios para habilitar legalmente las operaciones.
Por ahora, la propuesta de Defensa plantea un apoyo militar excepcional y coordinado con la Policía, sin reemplazar sus funciones ni convertir a las Fuerzas Armadas en un cuerpo de intervención permanente contra la protesta social.
