La Gobernación de Santa Cruz, el Ministerio de Salud y representantes de los trabajadores del sector acordaron impulsar una ley corta complementaria a la Ley 1771 para que el Gobierno nacional asuma el pago del bono de vacunación correspondiente a la gestión 2026.
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El compromiso fue alcanzado durante una reunión entre autoridades y dirigentes del sector salud, en medio del conflicto por el financiamiento de este beneficio. La propuesta busca que el Tesoro General de la Nación (TGN) cubra el pago a los trabajadores, independientemente de la procedencia de sus ítems.
Sin embargo, el acuerdo todavía debe pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por tanto, el pago no está garantizado ni autorizado de manera definitiva.
Una ley corta para garantizar el bono de vacunación
El principal punto del acuerdo establece que el Gobierno nacional, a través del TGN, asuma la responsabilidad financiera del bono de vacunación correspondiente a 2026.
La cobertura alcanzaría a todos los trabajadores del sector salud, sin distinción del origen de sus ítems: nacionales, ministeriales, departamentales o prefecturales.
La propuesta también contempla el bono correspondiente a julio de 2026, que permanece pendiente de pago.
Para viabilizar este compromiso, las autoridades acordaron promover una ley corta complementaria a la Ley 1771. La norma deberá ser tratada y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional antes de que pueda concretarse el desembolso.
El 30 de diciembre, plazo para aprobar la norma
La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, informó que se estableció el 30 de diciembre de 2026 como plazo máximo para conseguir la aprobación de la ley y viabilizar el pago del beneficio.
Aguirre anunció que la Gobernación realizará gestiones ante diputados y senadores para solicitar un tratamiento urgente de la propuesta.
El objetivo es que la Asamblea Legislativa pueda aprobar la disposición dentro del plazo acordado y que el Gobierno nacional asuma los recursos necesarios para cumplir con el pago.
La fecha representa un compromiso para avanzar con el trámite legislativo, pero no significa que el dinero ya esté disponible ni que exista una fecha confirmada para el depósito a los trabajadores.
La disputa por quién debe financiar el beneficio
El conflicto por el bono de vacunación tiene como principal punto de discusión la responsabilidad del financiamiento.
Según la posición de la Gobernación cruceña, la Ley 1771 establecía que los gobiernos departamentales debían cubrir este beneficio hasta la gestión 2025.
Paola Aguirre sostuvo que Santa Cruz cumplió con esa obligación durante el periodo correspondiente. Sin embargo, para 2026, la administración departamental considera que el pago debe pasar a responsabilidad del nivel central del Estado.
Esta diferencia sobre la fuente de los recursos generó dificultades para concretar el desembolso y provocó reclamos de los trabajadores del sector salud.
Los funcionarios exigen que se cumpla con el beneficio y han recurrido a medidas de presión ante la falta de pago.
Salud y Gobernación buscan una salida institucional
En la reunión participaron la vicegobernadora Paola Aguirre, la ministra de Salud, Marcela Flores, y representantes de los trabajadores del sector.
El acuerdo alcanzado plantea una salida mediante una disposición legislativa que defina la responsabilidad del Gobierno nacional sobre el financiamiento del bono durante la gestión 2026.
La participación de las autoridades nacionales y departamentales busca destrabar una controversia que afecta a trabajadores cuyos ítems tienen diferentes fuentes de financiamiento.
La propuesta también pretende evitar que las diferencias entre niveles de Gobierno continúen retrasando el cumplimiento de un beneficio reclamado por el personal sanitario.
El pago todavía depende de la Asamblea Legislativa
Aunque existe un acuerdo institucional para impulsar la ley corta, el bono de vacunación de 2026 todavía no tiene garantizado su desembolso.
El siguiente paso será gestionar el tratamiento y la aprobación de la propuesta en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Posteriormente, deberá concretarse la asignación de los recursos para que el TGN pueda asumir el pago.
La Gobernación de Santa Cruz apuesta por conseguir la aprobación antes del 30 de diciembre, mientras los trabajadores de salud esperan que el compromiso se traduzca en el pago efectivo del beneficio.
Por ahora, el acuerdo representa un avance en la negociación, pero la solución definitiva dependerá de la decisión legislativa y de la ejecución de los recursos comprometidos.
