Velasco insta al Gobierno a brindar certidumbre jurídica sobre contratos en dólares
La Gobernación de Santa Cruz pidió al Gobierno nacional brindar seguridad jurídica y lineamientos claros sobre los efectos del nuevo tipo de cambio oficial en los contratos privados, particularmente...
La Gobernación de Santa Cruz pidió al Gobierno nacional brindar seguridad jurídica y lineamientos claros sobre los efectos del nuevo tipo de cambio oficial en los contratos privados, particularmente en las operaciones inmobiliarias pactadas en dólares, ante la preocupación de familias que enfrentan un incremento en el valor de sus cuotas.
A través de un pronunciamiento, el gobernador en ejercicio, Juan Pablo Velasco, señaló que la administración departamental sigue con preocupación la situación generada por la actualización del régimen cambiario y el impacto que esta medida está teniendo en algunos compromisos contractuales.
“Entendemos la preocupación de los ciudadanos que hoy enfrentan un incremento en el valor de sus cuotas y creemos que toda situación de esta naturaleza debe ser atendida con responsabilidad, seguridad jurídica y protección de los derechos de las partes”, expresó.
Velasco aclaró que la regulación del régimen cambiario, la política monetaria y la interpretación de los efectos jurídicos de los contratos privados corresponden exclusivamente al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y de las entidades competentes.
En ese marco, remarcó que la Gobernación carece de atribuciones para intervenir o modificar acuerdos suscritos entre particulares.
“Como Gobierno Autónomo Departamental no tenemos competencia legal para intervenir, modificar o interpretar contratos privados”, afirmó.
Ante este escenario, la autoridad departamental exhortó al Ejecutivo a definir criterios que otorguen certidumbre jurídica y permitan reducir la incertidumbre que enfrentan miles de familias y empresas tras la entrada en vigencia del nuevo esquema cambiario.
“Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que brinde certidumbre jurídica y promueva mecanismos que protejan tanto la seguridad jurídica como la estabilidad económica de las familias bolivianas”, concluyó.


