El analista económico Gonzalo Chávez sostuvo que el Presupuesto General del Estado llega con un retraso “brutal”, cuando en condiciones normales debió ser aprobado en noviembre del año pasado, lo que complica la ejecución de políticas públicas y el manejo financiero del Estado.
Advirtió que esta demora tiene efectos directos sobre la gestión pública y la legalidad de varias operaciones económicas. “Muchas de las cosas que se están gastando e invirtiendo de parte del Poder Ejecutivo y también del Legislativo están fuera de norma”, señaló.
Chávez explicó que el principal problema del presupuesto no solo es el retraso, sino el contexto de un déficit elevado que reduce el margen de maniobra fiscal. En ese escenario, indicó que el debate se concentra en cómo recortar gastos y aumentar ingresos, incluyendo posibles ajustes en empresas públicas y el tamaño del aparato estatal.
Uno de los puntos más sensibles, según el economista, es la discusión sobre el rol de las empresas estatales y la definición de cuáles pueden considerarse estratégicas, lo que abre un debate sobre la sostenibilidad del gasto público. También cuestionó el crecimiento del empleo estatal, al señalar que cerca de medio millón de personas trabajan en el sector público, con una estructura difícil de ajustar por la alta proporción de sectores como educación, salud y seguridad.
En paralelo, advirtió que el financiamiento externo se ha vuelto clave para sostener la inversión pública. “La inversión pública financiada por dinero de afuera se convierte en una situación de vida o muerte”, afirmó, al referirse a la necesidad de créditos internacionales para cubrir la brecha fiscal.
Chávez sostuvo que, ante la caída de ingresos, el país enfrenta el desafío de definir nuevas fuentes de recaudación y reorganizar la inversión pública por regiones, en un contexto donde parte importante de los recursos dependería de organismos internacionales como la CAF o el BID.
Respecto a la política económica, el economista consideró que la decisión de abrir la importación y comercialización de combustibles llega con retraso, aunque representa un cambio relevante en la estructura del mercado energético. Aclaró que la medida requiere infraestructura, regulación y control de precios para evitar distorsiones o posibles espacios de corrupción en la cadena de distribución.
Sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, Chávez señaló que se trata de procesos complejos que suelen incluir condiciones vinculadas al ajuste fiscal, la regulación del tipo de cambio y la reducción de subsidios. A su juicio, varias de las recomendaciones del organismo ya forman parte del debate económico actual en el país.
“Son recomendaciones estándar cuando una economía está en sala de emergencias”, afirmó, al comparar la situación fiscal con un escenario crítico que obliga a tomar medidas de ajuste para corregir desequilibrios estructurales.
El economista cuestionó además la secuencia de las decisiones económicas, al señalar que los ajustes suelen implementarse después de la búsqueda de financiamiento, cuando —según dijo— deberían aplicarse de forma paralela para garantizar mayor estabilidad.
