El nuevo fiscal departamental del Beni, Orlando Aramayo Chávez, anunció que buscará identificar presuntas irregularidades dentro del Ministerio Público y acelerar las investigaciones que permanecen sin avances. Según sus primeras revisiones, existen procesos en etapa preliminar con señales de inactividad fiscal y alrededor de cinco fiscales con denuncias en trámite.
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En una entrevista con el programa Asuntos Centrales, Aramayo sostuvo que su gestión tiene el desafío de recuperar la confianza de la población en la Fiscalía y demostrar resultados durante el periodo de su designación.
El fiscal departamental cuestionó el funcionamiento de anteriores gestiones del Ministerio Público y afirmó que se habrían producido irregularidades en la atención de casos y en el trato a víctimas y denunciantes.
“Tenemos prácticamente una misión muy difícil, pero tenemos la capacidad de poder demostrar resultados en este corto tiempo”, señaló.
Aramayo afirmó que su administración buscará identificar a los funcionarios que hubieran cometido faltas o delitos y aseguró que no habrá favoritismos al momento de iniciar investigaciones.
Cinco fiscales tendrían denuncias en trámite
Consultado sobre la cantidad de fiscales del Beni sometidos a investigaciones disciplinarias o penales, Aramayo indicó que todavía no contaba con una cifra oficial consolidada.
Sin embargo, estimó que aproximadamente cinco fiscales tenían denuncias que estaban siendo procesadas.
El fiscal aclaró que se trataba de una aproximación y que aún debía precisar los datos. Por tanto, la cifra no constituye un registro definitivo del número de funcionarios investigados ni permite establecer la naturaleza o el resultado de los casos.
Más allá de ese dato, Aramayo dijo que uno de los aspectos que más le llamó la atención durante la revisión inicial de los reportes institucionales fue la cantidad de procesos que permanecían en etapa preliminar.
Según explicó, esta fase de una investigación penal está destinada a reunir los primeros elementos que permitan establecer si corresponde continuar con las actuaciones.
El fiscal sostuvo que identificó casos en los que existiría una prolongada falta de actividad investigativa, pese a que las autoridades jurisdiccionales habrían emitido conminatorias para que se cumplieran determinadas actuaciones.
“Había una inactividad fiscal tremenda”, afirmó al referirse a los reportes que revisó.
También señaló que algunos procesos habrían terminado en rechazos de denuncias, situación que, desde su perspectiva, dejó a personas sin una respuesta efectiva de la justicia.
La Fiscalía del Beni busca recuperar la confianza ciudadana
Aramayo reconoció que el Ministerio Público enfrenta una fuerte pérdida de confianza ciudadana debido a las denuncias de presuntas irregularidades que han afectado su imagen.
En ese contexto, afirmó que su administración pretende mejorar el trabajo investigativo y promover la identificación de los funcionarios que incumplan sus responsabilidades.
El fiscal sostuvo que cualquier denuncia sobre posibles hechos delictivos cometidos dentro de la institución debe ser atendida sin privilegios ni protección indebida.
“Si existen comisiones delictivas por parte de funcionarios que están dentro de la Fiscalía Departamental del Beni, lo vamos a hacer conocer”, manifestó.
Añadió que no permitirá que intereses particulares impidan iniciar investigaciones contra funcionarios que presuntamente hayan causado daños a la institución o a las personas que acuden a denunciar delitos.
Aramayo indicó que asumió el cargo con 25 años de experiencia profesional y que pretende contribuir a modificar la percepción negativa que existe sobre el Ministerio Público.
No obstante, las declaraciones sobre posibles irregularidades corresponden a la evaluación inicial del fiscal departamental. La existencia de responsabilidades penales debe establecerse mediante investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.
Minería ilegal en el cerro San Simón, entre las prioridades
Otro de los asuntos señalados por Aramayo es la explotación minera presuntamente ilegal en el cerro San Simón y en la provincia de Iténez, mencionada en la entrevista como una zona donde también se habrían identificado actividades irregulares.
El fiscal departamental afirmó que los casos estaban siendo investigados por los fiscales asignados y que su administración buscaría coordinar acciones con la Policía para identificar a las personas involucradas.
Según explicó, la explotación irregular de minerales no solo representa un problema de cumplimiento de la ley, sino que también puede afectar los ingresos públicos vinculados a las regalías y los recursos que corresponden a los municipios.
Aramayo sostuvo que fortalecer las investigaciones sobre estas actividades forma parte de los objetivos de su gestión.
Sin embargo, durante la entrevista no identificó a personas específicas presuntamente involucradas ni detalló el número de procesos abiertos, los posibles daños económicos o el estado procesal de cada caso.
Por ello, la situación de las operaciones mineras señaladas deberá establecerse a partir de las actuaciones de las autoridades competentes.
Narcotráfico y trata de personas requieren mayor apoyo investigativo
El fiscal también mencionó el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas entre los ámbitos que requieren especial atención.
Aramayo consideró necesario fortalecer las capacidades de investigación mediante capacitación policial, apoyo logístico, mejores procedimientos para recolectar pruebas y mayor capacidad de realizar peritajes.
Asimismo, planteó la posibilidad de ampliar la cooperación con organismos internacionales para respaldar las investigaciones relacionadas con redes criminales.
Según explicó, el trabajo coordinado entre fiscales, policías y especialistas forenses es importante para reunir elementos probatorios y establecer responsabilidades.
El funcionario también destacó la necesidad de mejorar los procedimientos de recolección de pruebas en casos que involucran a grupos vulnerables.
La cooperación técnica y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, sostuvo, pueden contribuir a mejorar la calidad de las investigaciones y acelerar la búsqueda de la verdad sobre los hechos denunciados.
Aramayo promete investigar sin favoritismos
Al ser consultado sobre qué irregularidades encontradas en la Fiscalía del Beni estaría dispuesto a denunciar públicamente, Aramayo afirmó que su gestión dará a conocer los hechos que correspondan cuando existan elementos que los sustenten.
El fiscal aseguró que no habrá excepciones para funcionarios de la institución y que cualquier indicio de una posible conducta delictiva deberá ser evaluado.
También convocó a la ciudadanía a colaborar con la identificación de hechos irregulares y a utilizar los canales institucionales para presentar denuncias.
“Queremos que la población nos ayude en este corto plazo a identificar los hechos irregulares y así poderles dar una solución pronta”, manifestó.
El desafío de la nueva administración será traducir estos compromisos en resultados verificables: esclarecer las denuncias contra funcionarios, determinar por qué algunos procesos permanecen sin avances y fortalecer las investigaciones sobre delitos que afectan a la población del Beni.
La revisión de los expedientes, la información oficial sobre los casos y las decisiones que adopten las autoridades permitirán establecer si los cambios anunciados se traducen en una mejora efectiva del trabajo del Ministerio Público en el departamento.
