Por: Erick Saavedra
En Los Miserables, Víctor Hugo muestra una sociedad donde la pobreza, la injusticia y la falta de oportunidades empujan a muchos ciudadanos a vivir al margen de la ley. Jean Valjean roba pan no porque sea criminal por vocación, sino porque el sistema lo dejó sin salida. Pero la novela también deja una advertencia profunda: cuando el Estado pierde autoridad moral, la calle se convierte en juez, la necesidad se convierte en excusa y la ilegalidad empieza a vestirse de justicia social.
Eso mismo ocurre cuando los bloqueos paralizan un país y, al mismo tiempo, se plantea premiar con amnistía a vehículos ilegales o “chutos”. El mensaje que recibe la sociedad es peligroso: quien cumple la ley, paga impuestos, genera empleo formal, da garantía, invierte en infraestructura y sostiene al Estado, queda castigado; mientras quien entra por la puerta trasera termina siendo regularizado por presión política.
En Los Miserables, la tragedia no es solamente la miseria material. Es la ruptura del pacto social. Cuando la ley se aplica con dureza al débil pero con flexibilidad al que presiona, bloquea o actúa fuera del sistema, la justicia se transforma en arbitrariedad.
Los bloqueos son como las barricadas de París: nacen de una narrativa de reivindicación, pero terminan destruyendo la economía de quienes dicen defender. Paralizan al trabajador, al empresario, al transportista formal, al productor y al ciudadano común. La diferencia es que en la novela la barricada simbolizaba una lucha contra una estructura opresiva; en Bolivia, muchas veces el bloqueo se ha convertido en herramienta de chantaje económico y captura política.
La amnistía a los vehículos chutos sería como absolver a quien incumplió la ley y pedirle la factura al ciudadano honesto. Es transformar la excepción en regla. Es decirle al país que la formalidad no vale, que la inversión no importa y que cumplir normas es para ingenuos.
Víctor Hugo defendía la compasión, pero no la destrucción del orden. La verdadera lección de Los Miserables no es justificar la ilegalidad, sino construir un sistema donde nadie necesite recurrir a ella. Bolivia no necesita premiar la informalidad; necesita ordenar el mercado, proteger al consumidor, combatir el contrabando, formalizar con reglas claras y defender a quienes sí apuestan por el país.
Porque cuando el Estado legaliza lo ilegal por presión, no resuelve la miseria: la institucionaliza.
Y un país que premia el bloqueo, el contrabando y la informalidad no está haciendo justicia social. Está escribiendo su propia versión de Los Miserables: una donde los que cumplen cargan la cruz, y los que incumplen reciben el perdón.
