El Grupo Gloria confirmó que su filial boliviana Soboce pagó 200.000 euros al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por servicios de asesoría contratados en 2024, aunque negó que el exmandatario haya realizado gestiones para influir en el sistema judicial boliviano.
La posición de la empresa fue comunicada mediante una carta remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, luego de que el regulador solicitara información sobre publicaciones periodísticas que vinculan a Rodríguez Zapatero con presuntas gestiones relacionadas con el litigio que mantiene Soboce por la expropiación de sus acciones en la cementera Fancesa.
En el documento, el conglomerado empresarial explicó que la contratación correspondió a un servicio de asesoría en asuntos públicos y que el exmandatario brindó apoyo en “diversos aspectos comunicacionales e institucionales” relacionados con el proceso iniciado por la empresa para reclamar la indemnización derivada de la expropiación ejecutada en 2010.
Asimismo, aseguró que la participación de Rodríguez Zapatero se limitó a promover espacios de diálogo entre representantes del Grupo Gloria y autoridades bolivianas para intentar alcanzar una solución negociada al conflicto. “La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente”, señala la carta.
El pronunciamiento surge después de que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española sostuviera que Rodríguez Zapatero recibió los 200.000 euros a cambio de realizar gestiones ante autoridades bolivianas en favor de Soboce. Esa investigación forma parte del denominado caso Plus Ultra, que actualmente es indagado por la justicia española.
Soboce mantiene abierto un reclamo por la indemnización correspondiente a la expropiación del 33,34 % de sus acciones en Fancesa, dispuesta en 2010. Según la empresa, la compensación continúa pendiente y asciende aproximadamente a 296 millones de dólares, por lo que el caso también es objeto de acciones legales en Bolivia y de un arbitraje internacional.
