Crónica de Manuel Campo Vidal
El jueves 30 de mayo comparecieron en Madrid, a la misma hora, dos Españas bien diferentes: mientras en el Senado se diseccionaban los problemas del mundo rural, proponiendo el mismísimo presidente de la cámara alta un pacto de Estado para solucionarlo, en el Congreso los diputados se liaban a garrotazos inmisericordes a cuenta de la ley de amnistía. Las taquígrafas no recuerdan una sesión más desagradable por el calibre de las descalificaciones, que implicaron al propio líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Los funcionarios que en los despachos del Senado seguían dos pantallas al mismo tiempo, la del Senado en sesión constructiva con la sociedad civil y la de los garrotazos congresuales, creían estar viendo una retransmisión sobre dos países distintos. Es la España que tenemos frente a la que podríamos tener.
En el Senado, con presencia de parlamentarios, alcaldes, embajadores y líderes rurales, se presentaba el cuarto estudio “Evolución de la percepción de los avances del mundo rural” elaborado por la cátedra de Next Educación con apoyo de la Fundación AXA. “Se progresa, pero lentamente; vamos contra reloj. Hay que acelerar o el mundo rural colapsará en pocos años”, se deducía de las respuestas de 605 encuestados. “El problema de la despoblación no lo tienen las zonas rurales; lo tiene el país”, expresaba Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete. Gran verdad a interiorizar. Las ciudades comieron durante el Covid gracias a agricultores, ganaderos y transportistas. El aire de las urbes sería aún más irrespirable sin los ciudadanos que quedan en el campo, evitando la desertificación y la proliferación de incendios forestales. “La huella de la despoblación coincide con la huella forestal, lo que indica que no se extrae adecuadamente la riqueza forestal”, afirmó la ingeniera Asun Cámara de “Juntos por los bosques”. La pregunta clave era si el mundo rural cree que las ciudades les reconocen ese esfuerzo: el 93 por ciento respondió rotundamente que no. Hay legitima desazón. Una brecha que es urgente recoser.
España no puede mantener el desequilibrio territorial producido porque el 85 por ciento de la población vive en sólo el 15 por ciento del territorio. Y va a más. Ojo con los planes de urbanización aprobados en Madrid, como gran aspiradora nacional de población. La capital tiene tres millones de habitantes y alcanzará cuatro en pocos años.
Frente a todos los problemas que alcaldes, periodistas, ingenieros y diputados provinciales enumeraron, Pedro Rollán, presidente del Senado, del PP, sentado junto al secretario de Estado de Política Territorial del Gobierno, Arcadi España, que criticó sin rodeos la excesiva burocracia, sentenció: “debemos alcanzar un pacto de Estado para afrontar de una vez esos problemas”. Semejante propuesta, tan razonable y constructiva, seguramente hubiera sonado como pronunciada por un extraterrestre en la reyerta del Congreso. Sin embargo, reconfortó a los asistentes para proseguir una batalla cívica tan determinante para un país mejor.
La idea del pacto de Estado figuraba ya en el Manifiesto que se leyó hace cinco años en la plaza de Neptuno, al término de la Manifestación denominada “Revuelta de la España vaciada”. Pero no es lo mismo que se aplauda en una concentración, a que la proponga en sede parlamentaria el presidente del Senado, cuarta autoridad institucional del país. Ese salto tan positivo marca los avances conseguidos y que se miden año tras año en el estudio de Next Educacion. “Hay futuro”, concluyó Pedro Rollán. Habrá futuro, si hay consenso parlamentario; y no garrotazos.
